En todo caso, la Teoría del Justo Equilibrio sólo es un punto de partida. Un proyecto que nació con la ambición de sensibilizar a los ciudadanos y a las autoridades competentes sobre una materia de plena actualidad para intentar encontrar una solución equilibrada y razonable al problema que sufren más de 1.000 vecinos, como consecuencia de las restricciones a que están sometidas sus viviendas (con distintos niveles de protección: integral, parcial o ambiental).

La necesidad innegociable de preservar el patrimonio común y el deber de los propietarios de custodiarlo debería, en buena lógica, encontrar en la administración más cercana a un aliado capaz de anteponer ese objetivo compartido a un mero afán recaudatorio.

El 10 % de los votos emitidos

Actualmente, existen más de 110 inmuebles en Manzanares incluidos en el Catálogo de Bienes y Espacios Protegidos, lo que significa, de acuerdo a una estimación conservadora, que probablemente haya más de 1.000 perjudicados (entre propietarios y familiares directamente implicados) que se ven sometidos a una situación “expropiatoria” que limita notablemente sus derechos, sin recibir, a cambio, ninguna contrapartida (reducción del IBI, exenciones de gravámenes o tasas, implementación de ayudas, cooperación informativa…). Estamos hablando de un colectivo de afectados que representa, aproximadamente, el 7 % del censo electoral y el 10 % de los votos emitidos en las últimas elecciones municipales.

Sin poner en duda la necesidad de proteger el patrimonio histórico y aun reivindicando, incluso, la conveniencia de ampliar el actual catálogo para paliar notables ausencias y llamativos agravios comparativos, la Teoría del Justo Equilibrio surge, antes de nada, para invitar a la reflexión sobre un hecho de capital importancia que, hasta ahora, nunca se ha abordado con un enfoque cooperativo y solidario.

El dossier de propuestas

Para intentar avanzar en el objetivo planteado por PATRIMONIO MANZANARES, el procurador y mediador manzanareño Jesús Isidro Sánchez de la Blanca Romero-Nieva ha desarrollado un dossier de propuestas, constructivo y meritorio, para la mejora del Catálogo de Bienes y Espacios Protegidos que ahora se da a conocer a los ciudadanos y a los máximos responsables de los grupos municipales representados en el Ayuntamiento.

Por un lado, el autor describe de manera sistemática el marco normativo aplicable, las obligaciones de los propietarios y las carencias detectadas en la actualidad fruto del desequilibrio entre las obligaciones y los incentivos. Un preámbulo necesario para aproximarse al escenario presente.

A continuación, se refiere, precisamente, a la regulación de elementos externos en las fachadas de los inmuebles protegidos, un tema pendiente y recurrente que reúne en Manzanares algunos desatinos verdaderamente inconcebibles. En este sentido, desgrana la regulación existente y las dificultades de aplicación práctica, además de aportar una propuesta de mejora normativa.

En última instancia, el documento expone un análisis comparativo que, sin ser exhaustivo, permite conocer algunas medidas adoptadas en otros municipios españoles, que se ve complementado con una serie de sugerencias concretas para su posible aplicación en la localidad. Entre ellas, se hace constar la posibilidad de establecer beneficios fiscales (IBI e ICIO), subvenciones y ayudas a la rehabilitación, convenios con entidades financieras, junto a la creación de una oficina municipal de apoyo al patrimonio, para finalizar con una tabla-resumen de todo lo expuesto y un apartado de conclusiones.

El dossier realizado por Sánchez de la Blanca supone un análisis detallado y perfectamente estructurado que, evidentemente, no agota las posibilidades existentes, pero que, sin duda, sirve para poner encima de la mesa, por primera vez en Manzanares, una propuesta realista, positiva y regeneradora con el fin de que los afectados y la población en su conjunto reclamen sus legítimos derechos y sus representantes políticos afronten sus obligaciones y adopten una serie de medidas, guiados por el justo equilibrio, en defensa del patrimonio común y del interés general.